Pide PRD en congreso mexiquense explicación por accidentes en Tren México-Toluca.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara local, consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal debe explicar el destino de mil 820.2 millones de pesos que fueron canalizados a la contratación de distintas empresas para la supervisión,  asesoría, control  y seguimiento de la obra civil del tren interurbano México-Toluca, así como para garantizar la adecuada operación de los vagones que esperan transportar diariamente a 270 mil usuarios.

Ante los constantes accidentes que han ocurrido en la construcción de esta obra, el diputado local Juan Zepeda, advirtió que de acuerdo con los 16 contratos que ha hecho públicos la SCT sobre todo lo relacionado con el tren interurbano, al menos cuatro se refieren a garantizar la supervisión y control de las obras, además de realizar auditorías de seguridad.

El primer contrato es el DGTFM-32-14, signado con la empresa SGS de México, cuyo objetivo es la asesoría, control y seguimiento de todos los eventos relacionados con el proyecto de obra civil, obra electromecánica, obra de talleres y cocheras, adquisición de material rodante, de licitaciones pendientes y revisión de toda la documentación generada durante la ejecución de los trabajos en 57.7 kilómetros hasta la puesta en operación del tren interurbano México-Toluca.

El monto contratado ascendió a 819 millones 388 mil 366.50 más IVA, y la revisión está marcada hasta junio de 2018.

El segundo contrato es el  DGTFM-34-14, pactado con Triada Consultores, que tiene por objeto la  supervisión y control de obra para la construcción del tramo ferroviario Zinacantepec – Kilómetro 36+150 de 36+150 kilómetros de longitud, con inicio en el kilómetro 0+000  y terminación en el kilómetro 36+150  del tren interurbano México-Toluca. Es decir, se refiere a la primera etapa del proyecto.

El costo de tal supervisión es de 168 millones 875 mil 44.80 pesos más IVA. De manera contradictoria los trabajos de esta supervisión debieron terminar en diciembre de 2015.