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COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TAREA FUNDAMENTAL DE LA 60 LEGISLATURA: MAURILIO HERNANDEZ

El combate a la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el sector público, es una de las tareas fundamentales de la 60 Legislatura mexiquense, que tiene como objetivo reconstruir el tejido social mediante un marco jurídico moderno, que incluya las demandas y propuestas de la sociedad, señaló el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Al inaugurar el foro ‘La transparencia y el combate a la corrupción: hacia el empoderamiento ciudadano’, organizado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, apuntó que la corrupción es una de las principales causas de descomposición social y degradación moral, de tal manera que lo que toque hacer a los diputados para su combate y erradicación “lo haremos con plena conciencia”.

Después de señalar que la 60 Legislatura se integra con representantes de distintas fuerzas y experiencias de lucha social y política, afirmó que la generación del entramado jurídico por el que transitan las actividades de la sociedad, salvaguardando el derecho a la vida digna y construyendo las mejores condiciones de convivencia, pasa por un diagnóstico preciso del tiempo actual, que es “un momento estelar en la historia del país, de transición en la que participamos todos”.

Con la presencia de la presidenta y la secretaria de la comisión, Brenda Escamilla Sámano (PAN) y Karina Labastida Sotelo (morena), respectivamente, y tras reconocer a los participantes en el foro, entre ellos al contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, y al fiscal Anticorrupción de la entidad, José de la Luz Viñas Correa, apuntó que con las demandas de la ciudadanía presentadas en el encuentro se abrirá un espacio para la retroalimentación y recepción de propuestas que permitirán a los congresistas dar un gran paso en el cumplimiento de su compromiso con la sociedad.

Señaló que compete a la Legislatura abrir el debate ciudadano y conocer las acciones y mecanismos surgidos desde la sociedad civil con la intención de fortalecer las políticas públicas en esta materia, a fin de que sean las bases de una política de Estado con fines de transformación gubernamental y social en favor del bien común.