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ENCUENTRAN ANOMALÍAS PARA ATENDER FEMINICIDIOS EN MINISTERIOS PÚBLICOS DEL EDOMÉX

Falta de espacios propios y habilitados para el cumplimiento de sus funciones, de personal especializado, entre ellos, médicos legistas y psicólogos, turnos de trabajo limitados y bajos salarios, son algunas de las condiciones encontradas por legisladoras de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios, que preside la diputada Karina Labastida Sotelo (morena), en un recorrido por agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género (AMEVIS) de Ixtapaluca, Zumpango y Atizapán de Zaragoza.

Como parte de las tareas y objetivos de esta comisión legislativa, que también da seguimiento a las acciones derivadas de  la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Karina Labastida señaló que estas visitas tienen además el propósito de mantenerse vigilantes del trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en este materia y de la aplicación del presupuesto que la 60 legislatura aprobó para este año.

Acompañada por las legisladoras Araceli Casasola Salazar (PRD) y Juliana Felipa Arias Calderón, secretaria e integrante de ese órgano, respectivamente, comprometió también el apoyo de los representantes populares para conseguir  mejores condiciones de trabajo para las AMEVIS y su personal, pues solo así podrán funcionar al cien por ciento.

En el recorrido las acompañó Dylcia Espinoza de los Monteros, fiscal central de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, quien les informó que en la entidad se cuenta con 13 de estas agencias, así como cuatro Centros de Justicia para las Mujeres. Agregó que en cada agencia se atienden un promedio de 20 a 30 denuncias diarias, en su mayoría relacionadas con este rubro, pero también otros tipos de delitos, pues la instrucción del fiscal general es atender todas las denuncias sin distinción. La fiscal confirmó lo expuesto por el personal de las agencias en el sentido de la falta de espacios amplios y apropiados, mejores sueldos y más personal, pues las denunciantes se canalizan a los centros de Justicia de otros municipios cuando no se cuenta con el médico legista, el psicólogo o los peritos. Ante esto, no pocas denunciantes desisten por tener que hacer largos traslados y el gasto que éstos significan.