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PODRÁ EL MP SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE DEUDORES ALIMENTARIOS, APRUEBAN COMISIONES LEGISLATIVAS MEXIQUENSES

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura mexiquense,  aprobaron una iniciativa a fin de que el Ministerio Público pueda solicitar información al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a la Dirección del Registro Civil del Estado de México sobre antecedentes de quien tenga la calidad de acreedor alimentario, en caso de que un deudor alimentario no cumpla con sus obligaciones.

La iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, la cual reforma el párrafo segundo del artículo 217 del Código Penal del Estado de México, reconoce como necesario que el Ministerio Público se allegue de todos los medios probatorios o de convicción para integrar la carpeta de investigación derivada del incumplimiento de obligaciones, fue aprobada por unanimidad de votos.

La reunión, encabezada por la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo de manera virtual, con la presencia del diputado proponente, quien agradeció el apoyo a su planteamiento.

El diputado Sergio García Sosa (PT), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, a quien correspondió leer el dictamen emitido por las comisiones unidas, destacó la importancia de dotar a las autoridades de herramientas para que puedan garantizar el derecho de los acreedores a recibir alimentos.

La legisladora Beatriz García Villegas (morena) reconoció como una obligación de los legisladores dotar de más elementos a los organismos del Estado para sancionar a quienes dejan sin alimentos a aquellos que se encuentran bajo su responsabilidad, ya sean sus hijos, padres o cónyuges.

También de esta bancada, el diputado Max Agustín Correa Hernández aseguró que la propuesta robustece la protección de un bien jurídico de gran importancia, como lo es la supervivencia de una persona, sobre todo cuando se trata de menores o de adultos mayores con discapacidad, y resaltó que el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar información de quien tenga la calidad de acreedor alimentario, por tratarse de posibles beneficiarios, y con ello determinar si existen más pasivos del delito.

Su compañero Mario Gabriel Gutiérrez Cureño planteó que la evasión de la responsabilidad alimentaria genera problemas sociales graves, por lo que celebró la propuesta que, informó, se vincula con otra que está trabajando para que las personas que se compruebe que son deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos de elección popular. “La clase política debe ser ejemplo de los que estamos impulsando”, añadió.