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Presenta PRD iniciativa para penalizar amenazas contra mujeres.

En la celebración de la Sesión Ordinaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, el diputado del PRD José Antonio López Lozano sometió a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto que plantea la adecuación del Código Penal del Estado a fin de ofrecer a los grupos más vulnerables protección de sus derechos  con el respaldo de la ley, asimismo la propuesta plantea principal interés en las mujeres para brindarles seguridad al realizar sus demandas dando un seguimiento a su caso conforme a derecho, garantizando así la salvaguarda de los derechos primordiales de toda la ciudadanía.

Ante el planteamiento, el legislador del sol Azteca calificó a la violencia intrafamiliar como el flagelo que destruye la célula de la sociedad que es la familia, dejando claro su afectación a un grupo vulnerable como lo es el de las mujeres, al ser las principales víctimas de violencia en cualquiera de sus expresiones: físicas, psicológicas, sexuales y hasta patrimoniales.

Acentuando en lo anterior, el diputado refirió que en el Estado de México muchas mujeres se enfrentan a esta situación, asegurando que se ha convertido en un factor determinante de los hoy llamados feminicidios, por lo que aseveró el compromiso del Grupo parlamentario del PRD, y exhortó a los diferentes miembros de la “LIX” legislatura de la entidad a trabajar para  la erradicación de este problema.

Posteriormente, el legislador planteó que la reforma y adición del artículo 218 del Código Penal del Estado de México servirá para que en el caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño, en contra de la víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se haya hecho del conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta en una mitad.
Además, el diputado José Antonio López Lozano calificó de importante trabajar en conjunto en la adecuación de la normatividad, asegurando que se debe adaptar a la verdadera realidad de los mexiquenses, por lo que en la misma línea recalcó que la correcta aplicación de la ley debe ser una garantía.